Los lobbies en España

Jon Veen

La Real Academia Española (RAE) define los términos “grupos de presión” y lobbies con connotaciones peyorativas. El Diccionario de la RAE los define como “conjunto de personas que, en beneficio de sus propios intereses, influyen en una organización, esfera o actividad social”. Asimismo, para el Diccionario, lobby significa “grupo de personas influyentes, organizados para presionar a favor de determinados intereses, es decir, un colectivo con intereses comunes que realiza acciones dirigidas a influir para promover decisiones favorables a los intereses de ese sector concreto de la sociedad”. Y es que, nada más lejos de la realidad, se ha producido una confusión generalizada en el tiempo sobre lo que realmente son los grupos de presión y cómo actúan en la esfera pública.

David Sabater, consultor de Atrevia, –una de las mayores agencias de comunicación de posicionamiento estratégico en España- señala que “los asuntos públicos se abordan desde una perspectiva mal condicionada desde la confusión y el prejuicio. Se tiende a creer que los asuntos públicos es un lobby, pero es totalmente distinto. Lobby es la disciplina que intenta intervenir en el ámbito regulatorio, mientras que los asuntos públicos son la disciplina que trabaja las igual condiciones en el acceso de la agenda pública de todos los actores sociales”. Los lobbies son grupos de personas que intentan ejercer cambios en la legislación para salvaguardar los intereses de la sociedad. Sin embargo, el imaginario colectivo todavía no ha interiorizado que asociaciones de consumidores, organizaciones sociales o sindicatos presionando con una huelga general para introducir una nueva legislación laboral, también son lobbies. La diferencia es que sus intereses no son corporativos. Es hora de desmitificar a grupos de personas con altos niveles adquisitivos intercambiando favores con políticos. Esto último ocurre, pero se podría definir más bien como una comunicación basada en “tráfico de influencias”, un término introducido por primera vez en el Código Penal a través de la LO 9/1991, de 22 de marzo. El fin de los lobbies es influir en la elaboración de las leyes y regulaciones, así como en la toma de decisiones.

Ejercer de lobby en España es complicado. La desafección que generan estos grupos por los ciudadanos españoles tiene sus razones en la corrupción, en una falta de regulaciones y en la falta de transparencia en el ejercicio de esta actividad. Sin embargo, el deseo de influir en las decisiones de carácter público por parte de los individuos está ligado a la vida pública. En todas las épocas de la historia se ha dado una interacción entre comunidad política e intereses de grupo. Los grupos de presión siempre han sido una institución presente en todos los regímenes de todas las épocas.

Los tres elementos esenciales que destacan en las definiciones de grupos de presión y lobbies son la idea de grupo, el interés y la influencia. La regulación actual sobre la participación de los grupos en la actividad pública está distorsionada. El artículo 9.2 CE no deja claro si a los grupos se les debe reconocer iguales condiciones de libertad e igualdad que a los individuos aislados. Esta participación de los grupos lleva al segundo elemento: el interés. Cuando se habla de “grupo de interés”, suele ser un término bastante vinculado con un cierto aspecto lucrativo, y precisamente manifestar un interés en los asuntos públicos con el objetivo de obtener provecho o algún tipo de ganancia suele ser generalmente rechazado. El objetivo es manifestar un interés que sea legítimo y que disponga de un sentido político con el que se pueda entablar una serie de conexiones con las instituciones para defender los intereses de los ciudadanos. De igual forma, tener interés en un asunto nos lleva directamente al tercer elemento al que se hacía referencia: la influencia. Si un grupo de personas presiona a los poderes políticos porque utiliza su actividad para influir, es un “grupo de presión”. Es un término poco conciso, ya que hace referencia a la utilización de vías como la coacción o la fuerza, que en todo caso lo haría en el nombre de la legalidad. La característica principal de estos grupos es que la acción sobre el centro de la toma de decisiones puede realizarse directa o indirectamente. A nivel regulatorio, en lo que se refiere a la participación se han aprobado diferentes procedimientos legislativos en las Cortes Generales. La Constitución como tal no incluye ninguna referencia a la intervención cerca del legislador de los grupos, aunque sí que ha sido un tema discutido en el Congreso de los Diputados como la Proposición no de Ley relativa al establecimiento por el Congreso de los Diputados de un Registro Público de Grupos de Interés y un Código Deontológico presentado en diciembre de 1992, o la Proposición de Ley relativa al establecimiento por el Congreso de los Diputados de un Registro Público de Grupos de Interés y un Código Deontológico presentado en enero de 1993.

La participación de los grupos de interés como tal, sí que está incluida en la Constitución a través de los partidos políticos (art. 6 CE), de los sindicatos de trabajadores (art. 7 CE), del derecho a crear asociacionismo profesional o de cualquier otra índole (art. 22 CE), de los colegios (art. 36 CE) y de las organizaciones profesionales (art. 52 CE). También existen otros principios más concretos como la posibilidad de presentar una iniciativa legislativa popular, la participación de los ciudadanos en la Administración o en la Seguridad Social y el asesoramiento al Gobierno en proyectos de planificación.

En España, el problema de los lobbies está en sus métodos. En otras democracias avanzadas como Estados Unidos, estos se han convertido en auténticos canalizadores de demandas de información esencial para la toma de decisiones. Cuando se elabora una ley que tiene consecuencia o afecta a un grupo de población muy específico, es necesario que el legislador oiga todos los puntos de vista, reciba informes, analice cómo la ley puede afectar tanto a empresas como a ciudadanos o al medio ambiente, entre otros factores. España adolece de organización en sus métodos y de una mayor transparencia, como así lo confirman, entre otros organismos, la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales. Un lobby eficaz y bien gestionado es el resultado de una democracia dinámica y que funciona, pero se necesita que el Estado haga un esfuerzo para dotarla de control y transparencia.

En la sociedad española actual, se ha expandido la idea de que la democracia implica a los ciudadanos como actores con derecho a conocer cómo actúan los poderes públicos, bien por sí mismos o a través de los medios de comunicación. De este modo, los ciudadanos pueden ejercer un control, pueden denunciar un mal funcionamiento y contribuir a mejorar la calidad de la gestión pública. Pero los ciudadanos no podrán acceder a este derecho, sin una regulación eficiente sobre los grupos de interés. Para poner el foco de atención en garantizar la transparencia del actuar público, se debería exponer a la luz pública cualquier acto público que suponga la elaboración de normas. Desde mi punto de vista, creo que para que se vuelva a generar credibilidad en este país, es necesario aprobar más leyes en materia de transparencia y de acceso a la información pública, así como reglamentos para obligar a diputados y senadores a destapar los contactos que mantienen al realizar cualquier actividad en el ejercicio de sus funciones.

El gran reto no está únicamente en mejorar la transparencia para mejorar la imagen de los lobbies, sino también la sociedad debe asumir e interiorizar los grandes beneficios que se obtienen de esta actividad. Los lobbies son útiles, necesarios y pueden ser las mismas personas que están leyendo este artículo. Un lobby transparente y profesional no solo es sano y legítimo para la democracia, sino que también representa un sector económico en claro apogeo, y qué con una regulación objetiva y duradera en el tiempo, puede dotar a una democracia de mayor calidad porque se mejoran los mecanismos de la democracia representativa y se pueden atender mejor las necesidades de los ciudadanos.