Al menos, nos preocupa

Jon Veen. Valencia

Las tramas corruptas de algunos dirigentes políticos de nuestro país representan una de las mayores preocupaciones actuales de los españoles. Y es un alivio saberlo, porque al menos hay una parte de la sociedad que está cansada y que ha sabido dar un golpe sobre la mesa en señal de rechazo hacia este sistema corrupto, que lleva preocupando a los ciudadanos desde el año 2010, según el CIS.

Ya no es cuestión de señalar partidos políticos, ni tampoco zonas geográficas. Lo que hay es una evidencia repartida por todo el territorio nacional. Desde Ceuta hasta Ourense, y desde Huelva hasta Gerona, sin olvidarnos, como es lógico, de Madrid y Valencia donde se han producido los casos más acabados de degeneración política. Las operaciones corruptas se suceden una tras otra, y lo más probable es que en el tiempo en el que se desarrolla este artículo, la Guardia Civil se encuentre investigando supuestos delitos de malversación y cohecho de cualquier responsable público del país.

Las cabeceras nacionales publican contenidos vinculados a algún caso de corrupción diariamente. De hecho, muchas de las versiones online de los diarios han incluido secciones para tratar este tipo de información. Aunque la sensación, es que la política española, desde hace tiempo ya, se ha desplazado a las páginas de sucesos. Porque la política que se hace en este país ya no es merecedora de un tratamiento profesional que exige la sección de política de un periódico. La política se ha convertido en un circo, en un espectáculo por conocer quién ha conseguido robar más miles de millones de euros. Resulta paradójico, pero los actores políticos son los mayores delincuentes del país y se encuentran dirigiendo las instituciones y dictaminando lo que está bien y lo que está mal. Y mientras, nosotros, los ciudadanos, somos títeres manejados por el poder, donde nuestra única herramienta para manifestar nuestro completo repudio a este sistema son los estudios periódicos del CIS.

La relación de este país con la corrupción viene de lejos, y ya no solo me refiero cuando estalló el escándalo del Caso Filesa en 1993, sino al tipo de democracia que se ha aplicado en España. Una democracia rudimentaria, castiza y primitiva dirigida por algunas élites, qué, a partir de la consolidación de unas redes informales cínicas, han llegado a creer que la Administración era suya, que las instituciones les pertenecían, y qué han puesto en marcha leyes buscando el beneficio propio para mantener sus privilegios. Los que en su día despreciaban a los llamados “antisistema”, ahora se encuentran en la cárcel o en fase de proceso judicial, y son los que de verdad se han cargado el sistema democrático y lo han pervertido con sus sucias manos negras.

Los años pasaban, y los escándalos se sucedían, pero menos mal que llegó en 2016 el entonces presidente del país, Mariano Rajoy, para decir: “Esto se acabó, y aquí ya no se pasa por ninguna”. Pretendió ser un consuelo, una disculpa, pero lo único que consiguió fue sonrojar a todo un país ante tal falta de respeto que nos dejaba en evidencia ante toda Europa por ser el país con el sistema “democrático” más corrupto de todo el continente.

Pero por suerte, como todo en la vida, la moneda tiene dos caras. Y en la parte de abajo, aunque a veces seamos irrelevantes para las instituciones, los ciudadanos ya no somos ajenos a esta situación, y nuestra percepción hacia la corrupción es ya muy alta. Y así lo demuestran los últimos estudios del CIS que reflejan la corrupción como una de las principales preocupaciones de los españoles, junto al paro y al problema territorial.

España necesita una limpieza a fondo, y los ciudadanos debemos contribuir mucho a esta depuración. Y ya no solo se precisan nuevos fundamentos éticos que sean transparentes, sino que se vuelva a recuperar la autoestima social y una percepción más positiva por el bien de la sociedad y de la comunidad política. Aunque, eso sí, los poderes públicos van a tener que sudar sangre para que la sociedad recupere la confianza en las instituciones.